Alcaldesa encargada de Tunja, María Paula Jiménez Gómez, 'dejaría la olla raspada'

Administración trabaja a marchas forzadas para que el Concejo apruebe la incorporación del superávit por $110 mil millones al presupuesto municipal, lo mismo que en la definición de los contratos de prestación de servicios, entre otros actos administrativos.

A pocas semanas de las elecciones atípicas para elegir al nuevo alcalde o alcaldesa de Tunja, sectores políticos y ciudadanos han expresado preocupación por las decisiones presupuestales y contractuales que adelanta la administración municipal encabezada por la alcaldesa encargada, María Paula Jiménez Gómez.

Según las denuncias conocidas, la Administración trabaja de manera acelerada para que el Concejo de Tunja apruebe la incorporación al presupuesto municipal de cerca de 110 mil millones de pesos correspondientes al superávit fiscal. Paralelamente, se estaría avanzando en la definición de contratos de prestación de servicios y otros compromisos administrativos antes de la posesión del próximo mandatario.

Los cuestionamientos apuntan a que estas decisiones podrían reducir el margen de maniobra financiera del alcalde o alcaldesa que resulte elegido en las urnas, limitando la disponibilidad de recursos para ejecutar el programa de gobierno que presente a la ciudadanía.

El tema cobra especial relevancia en medio de la campaña para las elecciones atípicas, en la que los once candidatos han formulado propuestas en materia de infraestructura, seguridad, movilidad, desarrollo social y reactivación económica. De concretarse la incorporación y el compromiso de buena parte de los recursos del superávit, varios de esos proyectos podrían depender de nuevas fuentes de financiación o de futuras modificaciones presupuestales.

Quienes han formulado las denuncias consideran que el ritmo de las actuaciones administrativas merece un seguimiento especial, por lo que solicitaron a los organismos de control, entre ellos la Contraloría y la Personería Municipal, ejercer vigilancia sobre los procesos de incorporación presupuestal y contratación, con el fin de garantizar que se ajusten a la normatividad vigente y respondan al interés general.

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