Política
jueves 07 de mayo de 2026
Fiscalía capturó al alcalde de Villa de Leyva por presuntos delitos contra la administración pública
Foto: Alcaldía de Villa de Leyva.
Detención de Víctor Alfonso Gamboa Chaparro hace parte de un proceso que el ente investigador le sigue por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y violación al régimen de inhabilidades e e incompatibilidades.
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En la mañana de este jueves 7 de mayo, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturaron en su despacho al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, por presuntas irregularidades relacionadas con contratación pública.
El mandatario municipal había sido imputado el pasado 20 de enero de 2026 por la Fiscalía General de la Nación como presunto coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y violación del régimen constitucional o legal de inhabilidades e incompatibilidades.
De acuerdo con el ente acusador, el alcalde habría suscrito un contrato de prestación de servicios con Javier Alexánder Múnevar González para desempeñarse como supervisor de maquinaria amarilla, pese a que sería hermano de la secretaria de Desarrollo Social del municipio, Ángela Johana Múnevar González.
La Fiscalía sostiene que en el proceso contractual no se habrían respetado los principios de planeación y selección objetiva establecidos en la ley.
Según las investigaciones, los estudios previos de la contratación presuntamente fueron elaborados con base en la propuesta presentada por el mismo contratista, documento que habría sido conocido por la administración municipal con apenas dos días de anticipación.
Para el organismo investigador, esta situación evidenciaría la ausencia de una evaluación independiente y comparativa, requisito exigido dentro de los procesos de contratación estatal.
Durante la diligencia de imputación de cargos realizada en enero, el alcalde no aceptó su responsabilidad frente a los delitos atribuidos por la Fiscalía.
Las autoridades avanzan ahora en el proceso judicial para definir la situación jurídica del mandatario de la capital de la provincia boyacense de Ricaurte Alto.
Fuente: BR Prensa
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