Entidades territoriales no se deben dejar meter gato por libre en la Ley de Competencias

Hay diversas voces que advierten a las autoridades de departamentos, distritos y municipios sobre posibles cuellos de botella del proyecto que está en el Congreso Nacional para su trámite.

Uno de los temas trascendentales para las regiones en el 2026 será el trámite del Proyecto de Ley de Competencias, radicado por el Gobierno Nacional ante el Congreso, hace pocos días, por los ministros de Hacienda y Salud, entre otros funcionarios.

Para los departamentos, distritos y municipios, esta iniciativa, que debe complementar al acto legislativo 03 de 2024 que reformó el Sistema General de Participaciones (SGP), marca un hito en la historia institucional del país si es aprobada con el esperado balance.

Esta ley orgánica es condición indispensable para que, en 2027, entre en vigor la reforma al SGP, que en su momento fue catalogada como la restitución de la voluntad descentralizadora de la Constitución de 1991 y un paso trascendental hacia la autonomía regional.

Con el acto legislativo, los recursos corrientes de la Nación que se giran a municipios y departamentos para financiar las competencias asociadas a la prestación de servicios de salud, educación preescolar, básica, media y superior, agua apta para el consumo humano y saneamiento básico, y propósito general empezarán a aumentar paulatinamente durante 12 años hasta llegar al 39,5 % del total.

Sin embargo, diversas entidades interesadas, como la Federación Nacional de Departamentos (FND), han identificado algunos cuellos de botella en el nuevo modelo, que no pueden pasar desapercibidos.

En primer lugar, se trata de un esquema que sigue centrado en lo sectorial y no en lo territorial, cuando, según las regiones, las nuevas realidades están demandando un enfoque más suprasectorial y promotor de la autonomía.

Esto se explica, entre otros aspectos, porque se mantienen los porcentajes destinados a salud, educación y agua, así como las inflexibilidades del gasto.

Con esto, el Gobierno nacional conserva el control de las decisiones y seguirá definiendo las proporciones en las que los mandatarios locales deben ejecutar los recursos, entre otros aspectos.

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