Opinión

 viernes 01 de marzo de 2024

 

Los retos territoriales de las Alianzas Público Privadas Populares

Foto: Pascual Ibagué

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Autoridades y dirigentes tienen unas claras obligaciones que cumplir.

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Convencido de que los dineros del Estado deben contribuir a crear igualdad y equidad social, a lo largo y ancho del país, el gobierno del presidente Gustavo ´Petro Urrego, incluyó en el Plan de Desarrollo Nación: ‘Colombia Potencia de la Vida’, las denominadas Alianzas Público Privadas Populares - APPP.

Con esta iniciativa, que ya está brindando resultados positivos en algunos lugares de esta parte del mundo, se creó la posibilidad para que las entidades públicas contraten con juntas de acción comunal, comunidades étnicas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, mujeres y víctimas, por medio de selección abreviada, la solución a sus propias necesidades.

Con recursos superiores a los dos millones de dólares, el jefe del ejecutivo nacional, abrió el camino para la contratación directa de obras o compra de bienes hasta por 6.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, unos 7.800 millones de pesos.

Las intervenciones no se limitan solo a placa huellas en carreteras veredales sino a la construcción de vivienda rural o de proyectos de acceso a energía o internet, hasta el suministro de comida para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en escuelas o colegios públicos, entre otras inversiones que resuelvan algunas de las muchas necesidades existentes en los territorios.

Esta figura ya se traduce en alianzas como las que ha pactado el Instituto Nacional de Vías (Invías) con organizaciones comunitarias para el mejoramiento de rutas terciarias o rurales en 700 de los más de 1.100 municipios del país, y en 30 de los 32 departamentos.

Luis Fernando Sepúlveda, gerente del programa Caminos Comunitarios para paz, dio a conocer la firma de 1.035 convenios con comunidades que conocen la solución que necesitan para poder sacar sus cultivos y mejorar el transporte, entre otros aspectos.

En cada proyecto, las comunidades están haciendo aportes desde un millón de pesos (250 dólares) en herramientas como picas, palas o azadones y asumen como ejecutoras de las obras.

Aunque el mecanismo se está estrenando como una política fuerte a nivel nacional, no está avanzando con la eficiencia y celeridad que se requieren, porque como hasta ahora se está iniciando la gestión de gobernadores y alcaldes, no se ha podido incorporar presupuestos significativos en los respectivos planes de desarrollo territoriales, para hacer los aportes que les corresponde.

De otra parte, y aunque por medio de esta figura se está reviviendo el espíritu comunal, la mayoría de juntas y asociaciones comunales municipales no tienen si quiera los documentos legales actualizados y personal técnico que asesore a dichos organismos en la formulación, adjudicación, ejecución seguimiento y evaluación técnica de proyectos.

De la misma forma, en los trámites de contratación, por lo que se hace necesario que los gobiernos territoriales lleven a cabo un acercamiento con sus comunidades en torno a estos y muchos otros aspectos, que permitan que las APPP sean una feliz realidad y no un mero espejismo electorero.

Fuente: Pascual Ibagué

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