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 miércoles 07 de abril de 2021

 

1 de cada 8 países gasta más en deuda que en educación, salud y protección social juntas

Foto: Unicef

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UNICEF pide que se amplíe el alivio del servicio de la deuda y su reestructuración para que los países –y sus niños– puedan recuperarse

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Alrededor de 1 de cada 8 países del mundo gasta más en deuda que en servicios sociales, según un informe de UNICEF publicado hoy.

COVID-19 and the Looming Debt Crisis (La COVID 19 y la inminente crisis de la deuda) señala que 25 países de todas las regiones del mundo –la mayoría de los cuales ya estaban abrumados por la pobreza y las privaciones– dedicaron en 2019 una proporción mayor del gasto público total al servicio de la deuda que a la educación, la salud y la protección social combinadas. Por tanto, es necesario realizar esfuerzos a escala mundial para proteger el gasto social y por ende el derecho de todos los niños a la seguridad social, la educación y los servicios de salud, señala el informe.

“Los niños que viven en países con una elevada carga de la deuda, y donde los recursos para la protección social, la educación y la salud son limitados, carecen de posibilidades para salir de la pobreza y dejar atrás las privaciones”, dijo la Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore. “Los costes personales y públicos son enormes, y llevan a que los niños, sus comunidades y sus países tengan muy pocas esperanzas de lograr un desarrollo económico y social sostenible”.

Antes de la pandemia de COVID-19, los países con los niveles más elevados de servicio de la deuda –entre ellos Chad, Gambia, Haití y Sudán del Sur– gastaban al menos 3 dólares en deuda por cada dólar que destinaban a los servicios sociales esenciales, según el informe.

Además, el informe señala que una cuarta parte de los países de ingresos bajos y medios –donde viven 200 millones de niños– se encuentran actualmente endeudados o corren el peligro de endeudarse.

Aunque los países del G20 acordaron poner en marcha una Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda que abarca desde abril de 2020 hasta junio de 2021, sólo ha participado en la misma uno de cada tres países que reúnen las condiciones. Hasta ahora, la iniciativa ha contribuido a preservar el gasto en sanidad y protección social en los 46 países participantes. Sin embargo, el gasto en educación ya se ha contraído en el último año. Según el informe, los países endeudados también han recortado el gasto en sectores como la protección de la infancia, la nutrición y los servicios de agua, saneamiento e higiene.

“La pandemia ha provocado una catástrofe educativo mundial que es necesario abordar desesperadamente para evitar que la generación de la COVID-19 se convierta en una generación perdida. Sin embargo, debido a la COVID-19 y a la carga de la deuda a la que se enfrentan estos países, ya estamos observando una contracción de los presupuestos para la educación en un momento en que los países necesitan invertir en la mejora de las escuelas y en los sistemas educativos”, afirmó Fore.

El informe también señala que la respuesta mundial a la crisis de la deuda es demasiado tímida en comparación con la respuesta fiscal que se ha dado a la COVID-19 en todo el mundo. En la actualidad, la paralización de la deuda no abarca la deuda contraída con los acreedores comerciales, lo que deja a los países de ingresos medios cada vez más expuestos.

A fin de proteger los derechos de los niños tras la COVID-19, resulta fundamental poner en práctica una nueva arquitectura internacional para la reestructuración de la deuda que incluya un mayor apoyo en condiciones favorables para los países pobres muy endeudados; una mayor transparencia sobre la deuda en el marco de los procesos presupuestarios nacionales; y una acción coordinada por parte de los acreedores.

“El alivio y la reestructuración integrales de la deuda son esenciales para garantizar una recuperación inclusiva y sostenible, de modo que los niños no tengan que soportar la doble carga de la reducción de los servicios sociales ahora y el aumento de la deuda en el futuro”, dijo Fore. “Es fundamental que los organismos internacionales, los acreedores y los gobiernos nacionales actúen juntos para reducir la carga de la deuda y dirigir los ahorros hacia unas inversiones sociales que abarquen a todos”.

Fuente: Boyacá Radio PRENSA con información de Unicef

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