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 miércoles 26 de junio de 2019

 

¿Cuanto pagamos por usar glifosato? Costo social, ambiental y económico.

Foto: Revista Dinero

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El glifosato en cultivos ilícitos: El problema no es su uso; son los modos, los costos y el impacto en las regiones

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A diario, especialmente en redes sociales, toman fuerza las discusiones sobre el uso del glifosato como herramienta para reducir el número de hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia. Infortunadamente, en la mayoría de las ocasiones, estas discusiones se dan desde las barreras de la polarización política o, sencillamente, desconocen el trasfondo social del problema.

Lo primero que se puede plantear al respecto es que existe casi un consenso sobre la necesidad de eliminar los cultivos ilícitos; principalmente los destinados a la producción de cocaína. Nadie puede negar los efectos negativos de estos, no solo en los consumidores, sino en las regiones productoras y en el país. Por otra parte, con respecto al glifosato, más allá del creciente rechazo por su uso, no se puede desconocer que es un herbicida legal destinado al control de malezas y que su uso racional ayuda (ha ayudado) a incrementar la productividad de agricultores, pequeños, medianos y grandes.

Dadas estas condiciones, vale la pena discutir (desde lo técnico), no sobre el uso del glifosato o sobre la erradicación de cultivos ilícitos, sino sobre el modo y costo de atacar el problema y las consecuencias de estas estrategias. Al mencionar estrategias hago referencia a la fumigación aérea y a la propuesta de sustituir las áreas de ilícitos con cultivos destinados a la producción de alimentos o materias primas.



Con respecto a la primera alternativa, no se tiene certeza sobre el costo por hectárea; las cifras van desde los dos millones de pesos (como lo afirmó el desvalorizado Ministro de Defensa), hasta los 70 mil dólares (mal contados 220 millones de pesos), como lo afirmó Alejandro Gaviria, ex Ministro de Salud. Otra fuente, basada en datos proporcionados por el Ministerio de Defensa como respuesta a un derecho de petición, dio un valor de 70 millones de pesos por hectárea (mencionado en La Silla vacía). En todo caso, sea cual sea el costo (me inclino por creer que se acerca a la última cifra), se sabe que por efectiva que sea esta estrategia, luego de la fumigación no se plantean en los territorios alternativas legales que puedan generar desarrollo económico y empleo.

Ante la segunda opción, un productor se enfrentaría no solo a la decisión de eliminar los cultivos ilícitos, sino a la alternativa de sustituir estos con cultivos legales (léase cacao, cítricos, aguacate o cualquier sistema que el medio permita) cuya cadena de valor generaría empleo y desarrollo. De manera irónica, esta opción requeriría el uso de algún herbicida (como el glifosato) para eliminar el cultivo ilícito. De acuerdo con fuentes técnicas consultadas, la fumigación “manual” de una hectárea de un cultivo leñoso con glifosato no supera los dos millones de pesos, 68 millones menos que el costo de fumigación aérea que se mencionó anteriormente.

Comparando las dos opciones, no se requieren destrezas sobrenaturales en finanzas para entender cual es la mejor opción para un territorio. Desde lo técnico se puede afirmar que con los 68 millones de diferencia entre fumigación aérea y la “manual” se podría tecnificar una hectárea de cualquier cultivo que sustituya al ilícito (y sobra). Si hay dinero para fumigación aérea, hay dinero de sobra para sustituir y generar desarrollo; eso sin contar temas de salud y medio ambiente.

Para cerrar: en medio de las discusiones citadinas sobre medio ambiente y política, están quedando desprotegidos los agricultores. ¡pensemos un poco más en ellos!

Fuente: Andrés Felipe Zabala P.

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