Opinión

 martes 28 de marzo de 2017

 

Lo fallido no es la sociedad sino el Estado

Foto: Manuel Humberto Restrepo Domínguez.

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Manuel Humberto Restrepo Domínguez.

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En Colombia el ejercicio del poder político en democracia, ha sido paulatinamente destruido, corroído o sencillamente violentado por el afán de quienes consideran que por derecho propio o quizá divino, pueden tomar las instituciones para actuar sin límite alguno, pero imponiendo límites a la sociedad a la que consideran una masa amorfa compuesta de súbditos. Esta situación da para entender que la sociedad permanece expuesta a la intervención de una clase social concreta que ocupa el aparato de estado, sus instituciones y redes para promover su beneficio particular.

La democracia en Colombia no está funcionando como un modo político de organización social que orienta el destino común para vivir en paz, basada en reglas construidas en colectivo, en tanto su constitución y normas han sido reiteradamente ajustadas por la clase en el poder y en contravía de lo constituido socialmente. Tampoco han llegado al gobierno de los poderes públicos y sus instituciones los más honestos y justos, sin importar si son blancos, negros, mujeres, hombres, indígenas, mestizos, campesinos jóvenes o viejos. Ni las leyes han sido la referencia de equilibrio, imparcialidad y aplicación de justicia sin distinción. Lo que ocurre da cuenta que la democracia ha sido violentada y es rehén de prácticas de poder no democráticas.

La naturaleza política de la democracia, puede mirarse a través de tres elementos generales, sobre los que cualquier persona al pasar una plantilla hace su propio ejercicio de validación: lo primero que la democracia exige es que todo su engranaje tenga como base el reconocimiento de los derechos humanos y estos cuenten con plenas garantías para su realización, pero a la vez que sirvan como limite al poder del estado; lo segundo que haya una efectiva separación e independencia de los poderes públicos y que las leyes no sean usadas como arma política; y lo tercero que la representatividad, las autoridades tengan legitimidad y atiendan y actúen siguiendo las demandas de los diversos grupos sociales y su discurso aliente la elevación de la conciencia política y social de la ciudadanía.

La democracia en Colombia dista de esos principios, es decir, no ha sido un fin del proyecto histórico de los gobernantes, pero si una estrategia de supervivencia sostenida con una seductora y manipulada retorica al presentarse como la democracia más sólida de América o la más incluyente. A diferencia del cono sur (Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia) donde las atrocidades fueron lo sustancial de las dictaduras del último cuarto del siglo XX, en Colombia la barbarie ha ocurrido en democracia. No se han interrumpido elecciones, ni alterado destituido gobernantes, ni clausurado el congreso, ni sellado el poder judicial. Lo ocurrido es una articulada tragedia en democracia. Un proceso de cooptación de la representación de la sociedad y de los poderes del estado, por parte de un grupo de poder, que estando unido o temporalmente disperso sigue la misma línea ideológica y actúa en consecuencia, aunque se manifieste de diferentes maneras. Lo común es que sabe combinar, todas las formas de lucha, incluida la criminal, sin interrumpir el curso de la democracia formal.

En democracia y en menos de seis décadas, se han cometido las más abominables expresiones de violencia, primero la guerra civil liberal-conservadora con saldo de 300.000 muertes cuando gobernaban los parientes cercanos de los mismos que gobiernan hoy; y después la guerra contrainsurgente, cuyas manifestaciones de odio terminaron con las más crueles masacres de las que América entera tenga noticia (el Aro, el Salado, Santo Domingo, Trujillo, la Rochela, Mapiripan, Pueblo Bello, Montes de María) que ya tienen fallos condenatorios al Estado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También ocurrió en democracia el más grande genocidio contra la UP, un partido de izquierda con más de cinco mil militantes asesinados; el más alto número de presos de conciencia y de inocentes prisioneros producidos con falsas denuncias y pruebas para eliminar adversarios; y un desbordado monto de recursos invertidos para sostener la tragedia, mientras escaseaba la comida, el empleo, la salud y la educación y en contraposición crecía la acumulación de capital en manos prestigiosos empresarios y políticos, que siguen gobernando.

La democracia en Colombia es hoy un propósito común truncado por las elites, lo que no es equivalente a creer que hay una sociedad fallida. Lo que está en descomposición no es la sociedad, es el estado, sus gobernantes, su clase política y sus filiales de negocios con ramificaciones de corrupción, de compra venta de conciencias y de votos y cuyos centros de mando experimentan con seres humanos debilitados, empobrecidos, a quienes usan como víctimas o verdugos.

El comienzo de la última fase de descomposición


El Estado comenzó su última fase de descomposición con el régimen Uribe, que se salió del marco de las reglas y encarnó al más nefasto ejercicio de poder sin democracia, pero en nombre de la democracia. Las zonas grises, fueron hábilmente convertidas en escándalos mediáticos de corta duración para impedir ver la tragedia y hacer valer la palabra del poder como palabra sagrada y verdadera. La sociedad fue conminada a ponerse del lado del gobierno y acatar sus programas sin objeción, mientras el terror alimentaba a la seguridad democrática y esta se extendía con odio entre la población arrasando todo pensamiento y acción critica, hasta romper la línea de separación que distinguía entre población civil y combatientes, con lo cual la sociedad entera quedo bajo sospecha, entró en pánico y fue obligada al silencio.

El estado recibió el primer impacto con el cierre del Ministerio de la Justicia y del Derecho fusionado con el Ministerio de Gobierno, y la creación del Centro Nacional de Inteligencia inspirado en la CIA; a las Cortes de Justicia se les persiguió, espió y en su debilidad fueron tomadas por clientelas que convirtieron al Derecho Penal en un instrumento de venganza que afectó los juicios del derecho y alentó tanto los falsos judiciales para eliminar opositores, como la ampliación del populismo punitivo, sin sentido de justicia ni racionalidad en las penas y; por último el poder legislativo al decir de los mismos jefes paramilitares quedó bajo su control, disponible para acomodar las leyes, favorecer la impunidad y legalizar sus actuaciones incluidas sus nuevas propiedades y capitales. La puesta en retroceso a los derechos se justificó alegando que alejaba la confianza inversionista y empezó el ataque a tres tipos de considerados enemigos: los teóricos de los derechos, las ONG y sus defensores y, los opositores. Y así ocurrió y no ha cesado de ocurrir. Ya sin obstáculos restaba cambiar las reglas de juego y para ello se implantó en la columna vertebral de la constitución política la figura tenebrosa y fatídica de la reelección.

Estar o no en democracia, no se define entonces por resultados de encuestas, ni rankings del marketing privado, ni indicadores de felicidad (que felizmente en 2017 muestra al país en un puesto más real el 36), ni tampoco por el número de eventos electorales controlados, ni por la cantidad de votantes. La democracia colombiana, esta vaciada de contenido democrático, igual que los derechos y el ejercicio del poder vaciado de soberanía y de voluntad popular. Los poderes públicos, dan cuenta de un estado fallido, saqueado, con instituciones dirigidas con autoritarismo, engaño, verdades a medias, gobernantes de alta y baja escala sin legitimidad, sin ética ni política y con primacía de la voluntad del gobernante. El sistema central de poder se reproduce en los ámbitos institucionales locales y regionales y las mayorías son desplazadas por minorías de poder electoral, que deciden sobre sus vidas, conductas y bienes materiales. El miedo continúa sometiendo la participación y la ciudadanía no logra elevar su conciencia. El horror se pasea por campos y ciudades de la mano de sólidas estructuras paramilitares que intimidan, asesinan y producen desplazamientos para defender las tierras, mantener las conductas impuestas y asegurar los bienes arrebatados a sus víctimas, pero lo que los hace fuertes no es su capacidad de destrucción material basada en el alcance y potencia de sus armas, si no su proyecto de poder defendido desde adentro del mismo estado, del congreso, las cortes, las empresas, los directorios y las instituciones.

La paz, representa por ahora el principal bien común a defender, que sirva para reconfigurar la democracia, ajustar las estructuras del estado arrebatándoselas a los de siempre y recuperar el sentido de humanidad, de seres humanos con derecho a vivir y disfrutar de los derechos. Paz y Democracia exigen ser defendidas de la clase en el poder, por ser conquistas colectivas, no del estado, ni de sus gobernantes, sino de un pueblo cansado de la guerra, del odio y de la muerte, que puso sus demandas a debate y pactó la ruta a seguir, como resultado político de un acuerdo para la paz estable y duradera, entendida como un asunto político (no jurídico) que no puede ser tratado con desdén, ni ser irrespetado como paso previo para traicionar el camino trazado por una sociedad que quiere y apuesta y trata de aprender a vivir de otra manera, alejada del terror, el miedo y la miseria.

Fuente: Rebelión.

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